Miguel Angel Diani es el presidente de Argentores, una de las entidades que junto con DAC, APIMA y PCI conforman el Espacio Audiovisual Nacional, un colectivo que impulsa el anteproyecto de una nueva Ley de Fomento para la Audiovisual Nacional. A partir de sucesivas reuniones con diversos actores de la industria que fueron reformulando la propuesta inicial (presentada en los últimos días de julio), el 7 de diciembre se dio a conocer una última versión modificada.
-¿Cuáles fueron los elementos esenciales que reformularon ese primer anteproyecto?
En el sitio web del Espacio Audiovisual Nacional está el proyecto de Ley completo, con las modificaciones que se agregaron a instancias de escuchar comentarios de compañeros de la industria. Tras leer las versiones anteriores, sugirieron cambios que tomamos y analizamos, y que en un 90% están expuestos en esta tercera versión. Algunas modificaciones son muy puntuales y técnicas.
-Adelante.
Volvimos al nombre del Instituto como INCAA. Si bien inicialmente habíamos decidido quitar la palabra «cine», ya que la Ley incluye a las nuevas plataformas, la gente de la industria pidió no perder esa palabra tan significativa.
El Instituto va a continuar bajo la órbita del Ministerio de Cultura de la Nación y será un Ente público no estatal.
El directorio va a confeccionar un plan de fomento cada año y no se tratará ningún otro tema hasta que se apruebe ese plan de fomento.
Lo mismo va a pasar con el costo medio: todos los años, el directorio tendrá que aprobarlo. Como todos sabemos, se ha retrasado muchísimo el costo medio de una película. Por eso el directorio tiene la facultad de poder trabajar con distintas empresas que estén preparadas para dar una cifra aproximada y real. Hasta que no se apruebe esto no se avanzará en ningún tipo de fomento.
Se va a crear un consejo federal, que estará dividido en seis regiones y será representativo de todo el país. Cada representante de cada una de las regiones del país va a formar parte del directorio de este Instituto.
Se van a establecer porcentajes de utilización del Fondo Nacional de Fomento: habrá un 25% directo que irá a las provincias para producciones que se realicen específicamente en las mismas; un 50% a nivel nacional donde también habrá un vuelco a las provincias en el 50%, un 10% a producciones de promoción audiovisual y otro 10% a experimentación (ya sea de ficción, documentales, etc).
La paridad de género está presente desde un comienzo, pero ahora está más establecida y es un punto neurálgico.
Se estableció un 10% de pago para el fomento de las OTT.
-¿En qué medida este proyecto de Ley avanza también sobre el tributo de las OTT?
Esta Ley no impacta directamente sobre eso sino sobre otra, que hay que trabajar para que las OTT comiencen a gravar y pagar luego al fomento. Nosotros establecemos que debe ser un 10%, como es con el resto de los distintos formatos que contribuyen al fomento. Por primera vez habrá un subsidio al desarrollo de guiones que estará en manos del guionista. Se presentarán proyectos donde el INCAA podrá subsidiar al que le parezca importante y necesario subsidiar; luego, el guionista cobrará ese subsidio que será descontado cuando ese proyecto se transforme en una obra audiovisual. El dinero que se pueda adelantar por esto se descontará del valor final de su guion. Si el proyecto no se realiza porque no hay ningún director o productor que se interese en ese guión, el guionista cobrará ese subsidio e, igualmente, se trabajará en el fomento de producción de guiones.
-Este es un punto novedoso, si se quiere, porque la figura del guionista no está incorporada en la actual Ley de cine.
En la Ley de Cine de 1994 los guionistas no fuimos considerados. Creo que es porque, básicamente, los subsidios y el fomento que da el INCAA está más ligado a la figura del productor o del director. Entonces el guionista no tiene posibilidad de acceder. Esta es la primera vez que un guionista va a ser subsidiado en el desarrollo.
El vínculo con DAC cambió mucho en los últimos años. A partir de que son una sociedad de gestión comenzamos a trabajar mucho, no solamente en toda Latinoamérica (en la formación de sociedad de gestión), sino en el mundo. Junto con APIMA y PCI, nos invitaron a esta mesa de trabajo. Hoy estamos trabajando en equipo, mancomunados y con un vínculo muy cercano. Me da mucha alegría porque se está haciendo un poco de justicia respecto al trabajo del guionista.
En todos los proyectos -incluso para acceder a un subsidio-, hay un guión en el medio. Sin embargo, en 1994 no estábamos. Con este proyecto, el guionista va a estar sentado en el directorio con dos representantes, uno del área de cine y otro en el área de series, TV y OTT.
-Hay una realidad que se incorporó junto con los cambios tecnológicos que llegaron con la digitalización e internet, que tienen que ver con el reconocimiento de los derechos de autor, de los autores de las obras; en este caso, de las obras audiovisuales. Allí hay un mundo por legislar y enmarcar dentro de estas producciones. Imagino que para Argentores eso es fundamental…
Nosotros luchamos para lograr cobrar los derechos digitales, pero si no está regulado es muy difícil. Como lo has escuchado otras veces, la dirección legal en el país de una de estas OTT es importante, incluso para entablar un diálogo tanto sea amistoso como para mandar una carta documento para exigir el pago como marca nuestra ley. Si no tienen dirección, ¿a quién se la mandás?
A veces nos pasaba que determinada plataforma tiene dirección en Canadá, les escribías y no te respondían. Es muy necesario que estén obligados por Ley a tener dirección legal en el país y, por otro lado, que tengan la obligación de tener una base de obra nacional en su plataforma. Incluso que tengan que producir conjuntamente con productores argentinos para esas plataformas. Eso en Europa sucede: no es más que tomar el ejemplo de lo que pasa en otros países de Europa y legislarlo para nuestro país.
-¿En qué punto estamos y cuáles son las acciones concretas respecto de esta parte del anteproyecto de Ley? Me refiero al conocido como impuesto Netflix. ¿En qué situación nos encontramos? Eso tributaría al Fondo de Fomento Audiovisual…
Hay un punto que a mi criterio es más importante. Dentro de un año vence el otorgamiento del impuesto para el fomento a la industria cultural, por un decreto del gobierno anterior que dice que a fines de 2022 ya no hay más subsidio ni para el INCAA, ni para las bibliotecas populares ni tampoco para el Instituto Nacional de Teatro. Un dinero que ingresaba de las entradas de los cines (el 10%) y de lo que liquidaba el ENACOM del impuesto a las televisoras y los cables. Eso va a caducar dentro de un año. Es muy grave. Si no se resuelve antes del 30 de diciembre de este año, a través de nuestros legisladores, y no se vota un alargue para que este impuesto siga existiendo (que va específicamente a estas áreas de cultura), va a ser muy difícil programar hacer cine porque el Instituto no va a tener plata. Si a fin de este año no se prorroga, el año que viene no se va a poder avanzar en proyectos de cine de fomento al Teatro a través del Instituto.
-Las consecuencias del desfinanciamiento del Fondo de Fomento, ¿no?
Estamos trabajando fuertemente desde el EAN y desde la multisectorial para lograr que esto se trate en Diputados: ojalá lo traten antes de fin de año, se pongan de acuerdo y se apruebe por 50 años más. Para estar tranquilos y poder pensar cómo hacemos para cobrarle a Netflix y cómo hacemos para cobrarle a otras plataformas. Hay un proyecto que tiene que ver con las plataformas, donde se está trabajando para poder cobrarle el 10% a las plataformas, y que ese 10% vaya a fomento de la cultura.
Julia Montesoro