Julio Raffo es un destacado jurista especializado en cine, asesor legal e integrante del Espacio Audiovisual Nacional –integrado por DAC, APIMA, PCI y Argentores-, que impulsa el Proyecto de Ley Federal para la Producción y la Industria Audiovisual, que en 2023 tomó estado parlamentario.
Muy pocos días atrás emitió un comunicado titulado en forma de interrogante: “¿Por qué es necesario reformar la Ley de Cine?”
-La pregunta amerita que la respondas vos mismo: ¿Por qué?
Ninguna ley es una ley permanente. Ni siquiera las constituciones son para siempre. Cambian los tiempos, cambian las circunstancias y hay que actualizarlas para que respondan a la necesidad de la época.
Nuestra ley está desactualizada. Ha habido cambios en la tecnología, en los hechos audiovisuales y en la sociedad que exigen actualizarla, como se lo exigieron en 1994 (y yo participé activamente en esa reforma), cuando era necesario incluir a la televisión para que tributara, para generar recursos a la explotación de películas en alquiler por los videoclubes, que en aquel momento era un furor.
-Cuando presentaron el proyecto a las diversas fuerzas políticas, ¿asumían el riesgo de no contar con apoyos?
El Proyecto tiene una cualidad: ha sido firmado transversalmente. Lo presentó la diputada (Gabriela) Pedrali, del Frente de Todos, acompañada de legisladores que no vienen del mismo espacio. Como Monica Litza, del espacio que representa Sergio Massa; Margarita Stolbizer (Encuentro Federal) o dos diputados radicales de Jujuy (Jorge Rizzotti y Gustavo Bouhid).
Este proyecto tuvo el apoyo expreso con una declaración formal de las diez provincias del Norte Grande. Después se sumaron San Luis y Entre Ríos, a través de declaraciones de sus gobernadores. Y el Bloque Federal, que preside el diputado Topo Rodríguez.
En la coyuntura que vive el país y las tensiones políticas es admirable.
-Uno de los aspectos esenciales de este proyecto es el gravamen a las OTT. ¿En qué estado se encuentra?
Las OTT deben pagar. Punto. Esto está claro. Es así en los principales países del mundo que tienen cine, salvo Estados Unidos que los financia con su mercado de otra manera. El diputado (Pablo) Carro ha presentado un proyecto -que nosotros apoyamos y aplaudimos- que coloca a las plataformas en igualdad de situación que los canales de televisión dentro de la Ley de Medios. Por consiguiente, deben tributar como los canales de televisión, el cable, las señales satelitales. De ese tributo el 25% va al fondo de fomento. Nuestro proyecto es complementario. Esperamos que salgan los dos.
-Un punto importante es el de la distribución y el cumplimiento de la cuota de pantalla. ¿Qué evaluación hacés?
El proyecto busca fortalecer lo que la ley expresa, aunque debo decir con tristeza que no siempre se ha cumplido. El proyecto amplía la cuota de pantalla a las plataformas, por eso es necesario también modificar la ley: porque en 1994 las plataformas no existían las plataformas.
La ley establece el piso de 3%, que el directorio puede ampliar de acuerdo a las circunstancias, porque hay que ver cuál es la producción nacional del momento o cuál es la disponibilidad de sala.
-¿Qué dice la ley actual de la mirada de género?
Nada. Hay que actualizarlo a la época, a la necesidad tecnológica y a las misiones éticas y sociales de cada época. Hoy no se puede ignorar la necesidad de una mirada de género para compensar el maltrato histórico que tenía ¡y tiene aún! la mujer o los pertenecientes a otros géneros no binarios.
El proyecto asigna como mínimo el 10% del recurso del fondo de fomento a cine generado de bajo presupuesto o producido por estas comunidades, grupos minoritarios, etcétera.
-¿Qué evaluación hacés con respecto al videojuego?
En el mundo está dentro de las nuevas normas. En Francia se modificó la ley: lo que era el Centro Nacional de la Cinematografía, hoy se denomina Centro Nacional de la Cinematografía y la Imagen Animada. Todo lo que es producción y comercialización de historias con imagen animada es audiovisual. Y el videojuego tiene una narración, tiene una historia, hay protagonistas. Es interactivo, es inmersivo, sí. Pero tiene que estar comprendido en la producción audiovisual. El mundo lo entiende así.
En una conversación reciente con el señor ministro de cultura, el amigo y compañero productor y director Tristán Bauer, nos revelaba que el videojuego genera el doble lo que produce la exhibición del audiovisual tradicional.
-La actividad audiovisual gira muy activamente en torno al concepto de la federalización.
Nosotros encontramos un eje central en la cuestión federal. El Instituto de Cine se nutre de recursos que son federales. Cuando el espectador va a ver una película se descuenta el IVA, que es un impuesto participable por excelencia: quiere decir cada peso que entra al Instituto sale de recursos federales de la provincia. Sin embargo, hay más de diez provincias que no reciben un peso.
-¿Por qué no reciben recursos?
Porque no generan proyectos. ¿Y por qué no generan proyectos? ¿Porque no quieren o porque no tienen desarrollada a su fuerza productiva? La respuesta es la segunda alternativa. ¿El INCAA puede ser un mero espectador ante una provincia que genera recursos y no ha desarrollado sus fuerzas productivas o tiene que ir con recursos y ayudar a desarrollar su producción audiovisual?
Creemos que el INCAA necesariamente debe ir.
Tenemos el respaldo de los datos duros que corresponden al Observatorio Audiovisual del INCAA, que genera esta información a través de mi amigo Alberto Urthiague, especialista en temas económicos y administrativos quien hace un seguimiento cotidiano.
Pero el problema no solo es de recursos. Yo he tenido sentados en la presidencia del INCAA a queridos y admirados amigos –y también enemigos-, pero en algo han coincidido todos: tienen una mirada unitaria. Hay espacios INCAA en Oberá (donde soy padrino del festival) como en Caleta Olivia. ¿Cómo se decide qué se exhibe? ¿Cómo se programa? En Buenos Aires, Lima 319. ¿Qué participación tienen los provincianos para incidir en la aprobación? Ninguna.
Con la escuela de cine –ENERC- ocurre lo mismo: las universidades nacionales, que tienen sede en las provincias, se nutren con la vida de docentes, autoridades, alumnos de las provincias. Sus programas salen de esa universidad, sus profesores son elegidos allí con cursos que se organizan, se reglamentan y sustancian en esa universidad. Las delegaciones de ENERC y sus profesores se nombran en Buenos Aires. El programa se aprueba y las autoridades se designan en Buenos Aires. No debería funcionar así.
-El proyecto también se dirige a colectivos y minorías. Algo que la ley actual no contempla.
Nuestra propuesta tiene como novedoso que establece un piso para apoyar las películas generadas por asociaciones civiles, comunidades indígenas o grupos como las minorías sexuales. Esto en la ley actual no existe. Y hay que incorporarlo, ¡claro que hay que incorporarlo! Porque en el 94 la necesidad existía, pero no había conciencia. Ahora sí.
Julia Montesoro