El Espacio Audiovisual Nacional dio a conocer un comunicado en el que reclama la derogación de dos artículos de la Ley 27.802 que pone el serio riesgo los mecanismos de financiación del audiovisual. «El EAN exige derogar los artículos que ponen en riesgo el futuro del audiovisual en Argentina» es el título del manifiesto emitido por el Espacio, que está conformado por una decena de entidades vinculadas al quehacer audiovisual.
Las entidades que conforman el Espacio Audiovisual Nacional (EAN) son las siguientes: APIMA – Asociación de Productores Independientes de Medios Audiovisuales; ARGENTORES – Sociedad General de Autores de la Argentina; CADICINE – Cámara Argentina de Distribuidores Independientes Cinematográficos; CAIC – Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica; CAPPA – Cámara Argentina de Productoras Pymes Audiovisuales; CDC – Colectivo de Cineastas; DAC – Directores Argentinos Cinematográficos; PCI – Asociación de Directores de Cine y RDI – Realizadores Integrales de Cine de Argentina.
Este es el comunicado:
«Las asociaciones que conforman el Espacio Audiovisual Nacional (EAN) reclaman la derogación de los artículos 214 y 215 de la Ley 27.802, que establecen que, a partir del 1º de enero de 2028, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) dejará de contar con los mecanismos de financiamiento previstos por la Ley de Cine y dependerá exclusivamente de las partidas que se le asignen cada año en el Presupuesto Nacional. La iniciativa, que cuenta con la adhesión de numerosas instituciones y organizaciones del sector audiovisual, busca garantizar los recursos necesarios para sostener la producción cinematográfica argentina.
Durante décadas, el cine argentino construyó un reconocimiento internacional que trasciende fronteras. Sus películas, directoras y directores, guionistas, productores, técnicos, intérpretes y trabajadores de todas las áreas participaron y fueron distinguidos en los principales festivales y circuitos cinematográficos del mundo. Este patrimonio cultural y profesional es el resultado de una trayectoria colectiva que encontró en las políticas públicas de fomento una herramienta fundamental para desarrollar una cinematografía propia, diversa y plural.
Hoy, ese sistema se encuentra seriamente amenazado. Las sucesivas medidas de reducción, reestructuración y debilitamiento de las políticas de fomento cinematográfico ponen en riesgo la continuidad de la producción nacional y de toda la cadena de trabajo que la hace posible.
Frente a esta situación, las entidades nucleadas en el Espacio Audiovisual Nacional (EAN) solicitan al Gobierno argentino y a las autoridades competentes la derogación de los artículos 214 y 215 de la Ley 27.802.
El EAN advierte que este cambio pone en riesgo el financiamiento de la cinematografía argentina y reclama garantizar los recursos necesarios para sostener una actividad cultural y productiva estratégica.
La iniciativa cuenta con la adhesión de instituciones, organizaciones y referentes del sector audiovisual que reconocen la necesidad de sostener las condiciones que hacen posible la producción cinematográfica argentina.
El objetivo es defender no solo la continuidad de las películas y de los puestos de trabajo vinculados con su realización, sino también la capacidad de nuestra sociedad para contar sus propias historias, preservar su memoria, imaginar su futuro y mirar el mundo desde una perspectiva propia.
En esta misma línea de trabajo se inscriben los recientes encuentros impulsados por distintas organizaciones de la comunidad artística. Entre ellos, la convocatoria de la Fundación SAGAI en el Teatro Liceo, que reunió a representantes del teatro, el cine, la televisión y las plataformas para debatir sobre la crisis de la ficción nacional y avanzar en la construcción de consensos y propuestas. La necesidad de promover políticas públicas y privadas, así como marcos normativos capaces de acompañar los cambios tecnológicos y las nuevas formas de producción y consumo, formó parte de esa agenda compartida.
Desde el Espacio Audiovisual Nacional, el reclamo por la derogación de los artículos señalados constituye un paso concreto para defender el financiamiento de la cinematografía argentina y preservar una actividad que genera cultura, trabajo, identidad y desarrollo. Garantizar su continuidad es una responsabilidad que compromete al conjunto de la sociedad y requiere decisiones que permitan proyectar el futuro del cine argentino«.