El Gobierno Federal de Brasil y el Ministerio Público Federal acordaron una serie de medidas para preservar la Cinemateca Brasileira y continuar su funcionamiento, después de más de cuatro años de litigio judicial.
El acuerdo se oficializó en los últimos días de junio a partir de una acción civil interpuesta en 2020 por el Ministerio Público Federal debido al estado de abandono de la Cinemateca.
La sentencia, del 1º Juzgado Civil Federal de la capital paulista aceptando la solicitud del MPF, otorgó al acuerdo la categoría de título con fuerza ejecutiva judicial. Esto significa que el Gobierno Federal está sujeto a ejecución judicial directa en caso de futuro incumplimiento de los compromisos asumidos.
Entre los compromisos asumidos por el gobierno federal (ya inmediatamente puestos en práctica), se encuentran acciones para conservar el patrimonio, la contratación de empleados y la reestructuración del consejo técnico-consultivo, con competencias sobre la gestión de la entidad. También incluye la obtención de la aprobación del Departamento de Bomberos para las instalaciones, medida que no tiene precedentes.
Además del MPF y el Sindicato, en la construcción del convenio participaron la Asociación Paulista de Cineastas (Apaci) y la Asociación de Vecinos de Vila Mariana, barrio paulista donde se encuentra el principal almacén de la Cinemateca.
“Esta aprobación representa un reconocimiento a la efectividad de un largo trabajo realizado para preservar el patrimonio cultural de la Cinemateca. Hubo varias etapas desde la interposición de la acción civil pública, pasando por todas las audiencias de conciliación y el seguimiento del cumplimiento de cada compromiso firmado. La nueva decisión trae aún más certeza sobre la permanencia de estas medidas”, destacó el fiscal Gustavo Torres Soares, suscriptor de la acción civil pública y titular del caso, en el MPF.
Desde fines de 2019, la institución se encontraba abandonada por el gobierno federal, sin recibir ninguna ayuda financiera, luego de que finalizara el contrato de gestión con la Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto (Acerp) sin ser renovado. La impasse, fruto de una decisión arbitraria del Ministerio de Educación, puso en riesgo obras audiovisuales de incalculable valor.
El MPF solicitó que el contrato con Acerp se mantuviera como medida de emergencia por un año, considerando que su no renovación contradecía recomendaciones técnicas de la propia administración federal.
Por falta de un contrato vigente, la Cinemateca no recibió recursos federales en 2020. La falta de fondos provocó una serie de problemas graves. Además de deudas financieras contraídas por falta de pago a empresas subcontratadas, los servicios de seguridad, bomberos y mantenimiento del sistema de refrigeración fueron suspendidos. Las películas de nitrato de celulosa almacenadas allí, que son altamente inflamables, corrieron riesgo de desaparecer. La asfixia financiera impuesta al organismo se vio agravada por el desplazamiento de agentes y organismos públicos que deberían cuidar de la Cinemateca.
Bajo el gobierno de Jair Bolsonaro, la institución -vinculada a la Secretaría Nacional del Audiovisual- migró del Ministerio de Cultura a la cartera de Ciudadanía y, luego, fue reubicada en el Ministerio de Turismo, sin mayor justificación técnica.