El expresidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales José Miguel Onaindia -abogado, gestor cultural y docente-, es uno de los referentes de la cultura iberoamericana que se pronunció acerca de los perjuicios que puede acarrear la sanción de la Ley Bases o Ley Omnibus.
-¿Cuáles son tus conclusiones sobre los artículos del proyecto de Ley Omnibus vinculados al sector audiovisual y a la cultura?
Me sorprendió porque esta Ley Ómnibus carece de una exposición de motivos. Normalmente, las leyes van acompañadas por una motivación. Eso se llama técnicamente exposición de motivos. En la misma se indica cuál es la razón por la que se adoptan medidas tan drásticas como la eliminación de dos organismos culturales -el Fondo Nacional de las Artes y el Instituto Nacional de Teatro- y la derogación de las leyes expresas, sin ningún tipo de sustitución a esos regímenes de ayuda que han sido, por otra parte, admirados en el mundo.
En cuanto al tema audiovisual, la reforma a la Ley tampoco tiene una motivación. Sorprende porque en realidad es exactamente lo contrario de lo que unánimemente -o para una gran mayoría de las personas que estamos vinculadas a la cultura y al fomento del audiovisual- creemos que tendría que estar orientada la reforma a la Ley.
La Ley vigente -en realidad es un conjunto de normas que tiene una matriz en 1968, si bien el régimen de Fomento es de 1957- proviene de un gobierno dictatorial con algunos artículos que sobreviven. Creo que en un país con 40 años de Democracia ya no deberíamos tener esas normas, que si bien no se aplican en forma directa, tienen una terminología inadecuada para la época. Fue reformada de distintas formas por leyes posteriores, dictadas en Democracia, que la transformaron en una Ley bastante confusa y de difícil interpretación. El sistema de la producción audiovisual ha cambiado drásticamente en el curso del siglo. Por lo tanto, una reforma a la Ley era bienvenida.
-Esta idea de reforma fue automáticamente rechazada por el sector audiovisual.
Esta reforma tiene un primer defecto que es que sigue maquillando o modificando una Ley, lo que la hace más confusa. Pero eso sería lo menor, porque en realidad hace lo contrario a lo que debe hacerse: reduce los fondos y fundamentalmente le quita la principal financiación que tiene el Instituto. Que además la tiene desde hace 22 años, cuando terminé de dirigir el Instituto en 2002.
Por otra parte, lo que se esperaba es que la Ley de Cine incorpore a los nuevos actores que tiene la industria y la producción audiovisuales -las plataformas-, que son las nuevas formas de difusión y de producción. Esos nuevos actores no están incorporados en esta Ley porque su última modificación importante fue en 1995.
-En diciembre de 2022 se presentó en el Congreso un anteproyecto de Ley propiciada por el Espacio Audiovisual Nacional, que actualiza el escenario actual del audiovisual y termina con las confusiones que generan las reformas. ¿La analizaste?
Sí. Fui consultado especialmente por uno de los grupos y la apoyé. Estuve en la discusión y conozco muy bien el proyecto. Pero en este proyecto no se tuvo en cuenta. Y tampoco se corrige lo que se critica respecto del actual funcionamiento del INCAA. Por el contrario, hay un cambio absolutamente incomprensible, porque sostiene la existencia de un Consejo Asesor, pero propone que sea designado directamente por el director. O sea que no sabemos cuál es la atribución de ese Consejo Asesor. La reforma no solo no resuelve la cantidad de claroscuros que tiene la actual legislación, sino que los enfatiza.
-¿Este proyecto de Ley es constitucional?
Creo que no. Los redactores de la Ley -como los redactores del DNU-, se olvidaron de que hay una Constitución. Me asombra, porque si vos leés que el Artículo 1 se llama “Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”. Y para asegurar la libertad de los argentinos está la Constitución. Si la Constitución se cumple deficientemente, habrá que corregir las deficiencias. Pero no necesitamos ninguna Ley nueva que nos venga a garantizar la libertad, porque precisamente nuestro Estado se creó en 1853 para asegurar la libertad de los argentinos. Está en su articulado histórico del Siglo 19 y en las reformas de 1994, donde también se enfatiza.
-Una ley no puede estar por encima de la Constitución, ¿no?
No. La Ley está por debajo de la Constitución. Hay otro tema que también se olvidaron: en la última reforma constitucional, en las atribuciones del Congreso, el artículo 75, inciso 22 dispone que una cantidad de pactos internacionales de Derechos Humanos -que nuestro país ha ratificado-, tienen la misma jerarquía que la Constitución Nacional. Entre esos pactos internacionales está el de derechos económicos, sociales y culturales, que amplía lo que la Constitución ya establece. Y obliga al Estado a garantizar esos derechos.
También se agregó en 1994 el artículo 65, inciso 19, que establece como mandato del Congreso preservar los espacios audiovisuales. O sea, que el audiovisual está contemplado como parte del patrimonio cultural e histórico en nuestra Constitución. Están contemplados los derechos culturales y las obligaciones del Estado por reconocer y ratificar esos pactos internacionales que tienen la misma jerarquía que la Constitución. Esta Ley Ómnibus arrasa con instituciones que regulan esos derechos. Creo que la Ley no resiste un análisis de constitucionalidad. La primera obligatoriedad que tienen los parlamentarios es rechazar esta propuesta. Primero por infundadas y por ser contraria a la Constitución. Creo que con estos dos actos el Presidente Milei ha afectado severamente en nuestro estado de derecho y la separación de poderes. Intenta regular sobre una cantidad de áreas y de ejercicios de Derechos Humanos y en los pactos internacionales que forman parte de nuestra Constitución. En agosto se van a cumplir 30 años de vigencia de la Reforma constitucional.
-De prosperar este proyecto, ¿cuál es el futuro del cine argentino?
Si el Congreso aprueba, la producción audiovisual Argentina se va a ver muy resentida. Va a haber un achicamiento del presupuesto y pone disposiciones que no se adecuan al sistema de producción audiovisual. Por ejemplo, dispone que un productor que ha percibido un subsidio tiene que esperar dos años para otro. ¡Se corta la cadena de producción!
Por otra parte, afecta severamente lo que quieren fomentar, que es el cine o el audiovisual visto como una actividad meramente económica o industrial. Y dejan fuera al cine y el audiovisual que se realiza con fines meramente culturales, que no están contemplados. Además, es muy serio que no contemple la financiación del ENERC, de una escuela de cine que ha formado y que forma, que tiene una gran trayectoria.
-Parece que el único filtro que sirve como variable de ajuste es el aspecto financiero.
El cine y el audiovisual le agrega valor a la industria en lo económico y también en lo simbólico. Cuando la Argentina en 2022 solamente producía malas noticias -por la crisis económica, por el mal manejo de la pandemia-, Argentina 1985 le dio otra visibilidad. Más allá de todo lo que produjo a nivel local, le dio al país prestigio mundial, una gran visibilidad y la comprensión de que, a pesar de la crisis, Argentina sigue siendo un país creativo, que produce riqueza simbólica, que es muy apreciada en el mundo.
-Por tu rol de gestor cultural estás en permanente contacto con otras sociedades y otras realidades e inevitablemente las cotejás con la realidad argentina…
Desde hace unos años vivo en Uruguay. Por mi trabajo, viajo y estoy en contacto con muchísima gente de Iberoamérica. El mundo de la cultura internacional está sorprendido y preocupado. Realmente. Cuando en Argentina se creó el Fondo Nacional de las Artes, fue tomado como modelo por el presidente John Fitzgerald Kennedy, porque estaba muy interesado en esta forma de financiar la cultura. Además, fue una idea y una propuesta de Victoria Ocampo. Hay una enorme trayectoria en lo cultural.
Esta Ley arrasa un imaginario cultural de la Argentina que tiene un valor simbólico muy fuerte. Si se sancionara le provocaría a la Argentina un daño muy grande y no traería ningún beneficio económico porque la supresión de estos organismos y la desfinanciación del INCAA, del Instituto de Música y de las bibliotecas populares no mueve la aguja del presupuesto ni un peso. Nadie va a comer o a vivir mejor porque estos institutos estén financiados o suprimidos del aparato burocrático argentino.
Julia Montesoro