En los últimos días, el presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, Luis Puenzo, quedó envuelto en una controversia mediática a partir de que se sostuviera que el organismo busca aplicar la Ley de Cine (promulgada en 1994) para percibir ingresos provenientes de las plataformas OTT. Si bien técnicamente es imposible -debería promulgarse una nueva ley, o una modificación de la que está vigente-, se identificó esta supuesta intención como el «impuesto Netflix».
En una entrevista exclusiva con GPS audiovisual radio, Puenzo explicó en qué consiste su propuesta, aclaró los malos entendidos y los errores («a veces malintencionados»), y además detalló la situación actual del organismo que preside: la necesidad de generar nuevos concursos para volver a impulsar la actividad, los recursos que posee actualmente el Instituto, la intención de crear el Fondo de Fomento Audiovisual para adaptarse a las nuevas tecnologías.
-En los últimos días planteaste tu idea de dar trabajo cuanto antes, y de acelerar la realización de concursos. ¿Cómo y cuándo se piensa implementar?
Estamos definiendo varios concursos en un plazo muy cercano. El primero a desarrollar -que no es exactamente un concurso pero es como si lo fuera, porque también va a generar trabajo- es recuperar los Concursos Gleyzer. Hace ya diez años que están discontinuados, y la idea es retomarlos. Primero, porque lo queremos mucho. Y también porque uno de los impulsores de esa primera camada de los Gleyzer fue Nicolás Battle, vicepresidente del INCAA. Esa generación es también la de mis hijos. Lucía (Puenzo, su hija) estuvo junto con Nico en estos concursos muchas veces, en muchos lugares de las provincias. Normalmente eran grupos con tres tutores; gente de cine que provenía de diferentes actividades: productores, directores, guionistas, directores de fotografía o técnicos de las más diversas áreas. Iban a una determinada ciudad y eran tutores proyectos de gente joven, estudiantes o gente de cine de las primeras camadas. Eso les facilitaba desarrollar un proyecto.
Lo vamos a retomar con la ventaja (entre comillas) de la época, que es el online. Va a servir para tener actividad y para que se desarrollen proyectos que en algún momento pasarán a la etapa de producción. Pero antes de eso (y de que cuando se superen las restricciones se pueda filmar), también le estamos dando trabajo a tutores, que pertenecen a la industria y no están rodando.
Es lo primero que va a salir: seguramente será la semana próxima. Además, Gleyzer es un nombre muy querido en el cine. Una semana después se anunciarán varios concursos, con la intención de mover una industria que está muy parada por razones obvias. El Instituto está tratando de cooperar.
-El INCAA también acordó con la representación de los actores, los directores y los técnicos para otorgarles ayudas y beneficios.
De una manera directa, ayudamos a las obras sociales de los dos sindicatos principales de la industria: SICA y Actores. Que es el aspecto más vulnerable, porque estar sin obra social es peligroso. Tratamos de hacer lo que se puede con la economía que tiene el Instituto, que es una economía castigada, a partir del cierre de las salas.
-¿Cuál es el panorama presupuestario? ¿Cuál es la fuente de ingresos principal del INCAA?
Lo que marca la ley, y que se venía cumpliendo hasta el cierre de las salas, es el ingreso que viene de las mismas. Proviene del espectador que paga una entrada: el 10 por ciento del valor bruto de las mismas va a Fondo de Fomento Cinematográfico. Esto ahora es cero, porque al cerrar los cines no hay ingresos.
Actualmente, el único ingreso proviene del Enacom. Este ente (que antes se llamó COMFER, y luego AFSCA) recibe un canon que se paga por tener una señal en exclusividad. De allí un porcentaje va para el INCAA. Está en uno de los incisos de la Ley de Medios que siguen “vivos”: en la época de Macri varios fueron derogados.
-En febrero último llegó a la Argentina el director ejecutivo de Netflix, Reed Hastings, quien se reunió con el presidente Alberto Fernández y con las autoridades del Ministerio de Cultura y del INCAA. En materia impositiva, ¿qué acuerdos se realizaron?
Un día antes de una reunión entre el ministro Tristán Bauer y parte de ese equipo de Netflix, en la que estuve, hubo otra en el INCAA con integrantes de esa comitiva. Allí hablamos, entre otras cosas, de la producción y la cuestión impositiva. Tuve la posibilidad de contarles personalmente mi visión del impuesto. Hablamos abiertamente de la intención de cómo aplicarlo, que es la misma visión que sigo teniendo ahora. La gente de Netflix la conoce de primera mano. Seguimos teniendo la misma posición.
-¿Y cómo aplicarlo? ¿Cuáles son las características que tendrá la implementación de un impuesto sobre las plataformas OTT, que quedó instalado como “el impuesto Netflix”?
Mal llamado así. La realidad argentina tiene una larguísima tradición, anterior a los cineastas actuales, que viene de los años 50, con antecedentes en los años 30. Esa generación de nuestros cineastas mayores -hablo de Demare, de Torres Ríos, de Tinayre- logró que al valor de la entrada se le sumara un 10 por ciento para integrar el fondo. Este impuesto, que siempre se aceptó, no es en beneficio de los cineastas sino de los espectadores, porque permite que exista el cine argentino.
A principios de los 90 el cine argentino había tocado fondo. Estaba en uno de sus peores momentos. Vale recordar que es una de las cinematografías más viejas del planeta, a partir de la primera década del siglo XX. Salimos a pelear por esta ley (primero fue la DAC, a la que se unieron el SICA, las cámaras de cine, los actores y hasta los estudiantes de las primeras escuelas terciarias). A lo largo de dos años muy peleados, se consiguió extender el nuevo impuesto, de características similares al anterior, para que el 10 por ciento de lo recaudado se aplicara a las nuevas formas de exhibición. En ese momento la tecnología de última generación eran el VHS y el cable. En un caso se le aplicó al alquiler o venta de VHS a los videoclubes; en cuanto al cable y la televisión abierta, si bien no pudo ser a su facturación publicitaria en forma directa, fue sobre un porcentaje de esa facturación.
Esta Ley de Cine ayudó a que Argentina sea desde hace dos décadas el país con mayor cantidad de óperas primas del mundo. Por los fondos obtenidos por una ley muy proteccionista. A pesar de que se promulgó en una época ultraliberal, con Domingo Cavallo como ministro de Economía. Proteccionista y a buena hora, porque ayudó al desarrollo del cine argentino de una generación de mucho talento. Pero aun en los más jóvenes, si les preguntás cómo funciona la ley o de dónde surgen esos fondos, lo saben hasta por ahí nomás.
-¿Por qué cree que quedó como el “impuesto Netflix” como si fuera un impuesto a las plataformas, que impactaría en el público?
Entre los malos entendidos se dice que los fondos salen del IVA. O que se quiere gravar a las plataformas. Ambas cosas son falsas. Se dijo de todas las maneras que el impuesto al streaming ya está contenido en la ley. Es falso y además es un error muy ingenuo y en algunos casos malintencionado: no se puede aplicar este impuesto a las plataformas. Las leyes no se pueden hacer por asociación con otras parecidas. Por ejemplo: alquilar o vender VHS no se parece al streaming. Eso lo entiende un chico.
-¿De dónde salen los fondos, entonces?
En la Ley de Cine, que es de 1994, se acordó reducir el IVA del 21 al 11 por ciento. El 10 por ciento restante se aplica al fondo. Mucha gente maliciosamente sostuvo que queríamos aplicar un nuevo impuesto y que la gente iba a pagar más. ¡Y la gente no va a pagar un peso más! Todos los que tenemos una plataforma (Netflix o cualquier otra, incluyendo Cine.ar play) pagamos IVA. Si ese IVA se redujera el 10 por ciento, y eso fuera al fondo (al que vamos a rebautizar como Fondo de Fomento Audiovisual), ese fondo se triplicaría.
-¿Qué pasos hay que seguir para que se aplique?
A las leyes no las hacemos los cineastas ni se hacen desde las expresiones de deseos. Lo deben resolver los legisladores. He dicho de todas las maneras posibles que este no es el momento por razones más que evidentes. Cuando hayamos salido de esta situación dificilísima, seguramente de nuevo se peleará por una ley como la de 1994. Que será para décadas, no para la coyuntura.
Probablemente vamos a conseguir que los legisladores acuerden, porque el razonamiento es muy claro. Ese 10 por ciento que cedería la AFIP volvería con creces: el INCAA tiene la obligación de volcarlo a la producción. Es lo que el país necesita: trabajo y dólares. Que vengan de afuera y se gasten en Argentina, y que generen mucho trabajo para cientos de técnicos que se han formado en la Argentina.
Julia Montesoro