El Espacio Audiovisual Nacional emitió un inquietante análisis sobre la situación actual del sector audiovisual argentino, pocos días después de la presentación del proyecto de Reforma Laboral enviado por el Gobierno Nacional al Congreso de la Nación que propone, entre muchos otros aspectos claves que rigen el mundo del trabajo, eliminar las fuentes de recursos propios del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, en un marco de pauperización del sistema de fomento cultural.
Bajo el título La letra chica del ajuste, el Espacio, conformado por APIMA – Asociación de Productores/as Independientes de Medios Audiovisuales; ARGENTORES – Sociedad General de Autores/as de Argentina; CADICINE – Cámara Argentina de Distribuidores Independientes Cinematográficos; CAIC – Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica; CAPPA – Cámara Argentina de Productoras Pymes Audiovisuales; CDC – Colectivo de Cineastas; DAC – Asociación General de Directores/as Autores/as Cinematográficos y Audiovisuales; PCI – Proyecto Cine Independiente y RDI – Realizadores Integrales de Cine Documental), emitió el lunes 15 el siguiente comunicado.
¿Qué esconde realmente la “Reforma Laboral” que el gobierno envió al Congreso?
Mientras el debate público se concentra en indemnizaciones y períodos de prueba, en las últimas páginas del proyecto de ley enviado al Congreso se esconde una reforma de consecuencias profundas y estructurales para la cultura nacional.
En los artículos 195 y 196, lejos de cualquier discusión laboral, el Gobierno propone eliminar la asignación específica de fondos que sostiene históricamente al cine, el teatro, la música y los medios audiovisuales. No se trata de una metáfora ni de una exageración: es la sentencia de muerte del sistema de fomento cultural argentino.
La eliminación de estos artículos implica que el dinero que el propio sector cultural genera —a través de entradas de cine, publicidad y gravámenes específicos— ya no volverá a la cultura. Se rompe así el círculo virtuoso de la autarquía, concentrando recursos y poder en manos del sector privado y debilitando al Estado como garante de la diversidad cultural.
A continuación, traducimos del lenguaje jurídico al ciudadano común cómo este proyecto desmantela el INCAA y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sin que la sociedad lo advierta a tiempo.
Artículo 195: el golpe al cine argentino
El artículo 195 deroga disposiciones centrales de la Ley de Cine (17.741), eliminando el Fondo de Fomento Cinematográfico.
Este fondo se nutre del 10 % del valor de cada entrada de cine y de un canon aplicado a la televisión, recursos que la ley obliga a reinvertir en la producción audiovisual nacional. Su eliminación implica que el INCAA pierde su autonomía financiera y queda sin fondos garantizados.
En términos concretos: el cine argentino deja de administrar su propia recaudación y pasa a depender de decisiones discrecionales del Ministerio de Economía. Sin autarquía, no hay industria posible.
Artículo 196: el apagón cultural
El artículo 196 deroga el Título V de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522). El impacto de esta medida va mucho más allá de la televisión.
Al eliminar estos gravámenes, se desfinancia automáticamente por ley (artículo 97):
- El Instituto Nacional del Teatro (INT)
- El Instituto Nacional de la Música (INAMU)
- El FOMECA, que sostiene a radios y medios comunitarios
- Radio y Televisión Argentina (RTA), incluyendo la TV Pública y Radio Nacional
Se trata de un efecto dominó que desarticula el entramado cultural federal construido durante décadas.
Consecuencias reales
Las consecuencias de este proyecto no son abstractas:
- Menos trabajo: directores, guionistas, productores, técnicos, actores y actrices quedan sin fuentes laborales. Proveedores de equipamiento, escenografía y vestuario se ven obligados a cerrar.
- Menos federalismo: desaparecen producciones y festivales en las provincias.
- Silencio: cierran radios comunitarias y medios de frontera.
- Concentración: solo se exhibe lo que producen plataformas extranjeras.
- Sin futuro: sin industria audiovisual, las Escuelas de Cine quedan sin horizonte.
No se trata de “modernización”, sino de vaciamiento. La cultura genera trabajo, identidad y valor económico.
El silencio también es una política de Estado
Los artículos 195 y 196 no son números técnicos: son el certificado de defunción del Fondo de Fomento Cinematográfico, teatral, musical y del FOMECA.
Son el cierre de escuelas de cine en todo el país. La desaparición de la primera película de un estudiante en Tucumán, Jujuy o Córdoba. El fin de la radio comunitaria que acompaña a una comunidad en la Patagonia. El ahogo de la música independiente que necesita del INAMU para grabar su primer disco.
La cultura no es un gasto: es una inversión en identidad. Al quitarle su financiamiento propio, nos quitan la soberanía de contarnos a nosotros mismos. Nos dejan la pantalla en negro.
El cine argentino no se financia con fondos del Estado
Contrariamente al discurso oficial, el cine argentino no se financia con recursos del Tesoro Nacional. El Fondo de Fomento Cinematográfico se alimenta de gravámenes específicos que la Ley 17.741 obliga a reinvertir en la industria.
Según estudios del propio INCAA, por cada peso que se deja de invertir en el Fondo de Fomento, la economía argentina pierde 5,4 pesos en Valor Bruto de Producción y 5.689 puestos de trabajo, de los cuales el 60 % se generan fuera del sector audiovisual.
La idea de que el cine “le quita recursos a hospitales o a la niñez” es una falacia diseñada para deslegitimar al sector. Defender el Fondo de Fomento es defender trabajo argentino, identidad y desarrollo económico.
Cero películas, cero dólares
Durante la gestión 2024–2025 se aprobaron CERO PELÍCULAS ARGENTINAS, lo que implicó también CERO DÓLARES ingresados en coproducciones internacionales. De no revertirse esta política, la parálisis se profundizará en 2026.
Cultura no partidaria: cine nacional
La defensa del cine argentino no responde a alineamientos ideológicos. Somos profesionales defendiendo una industria estratégica para el país.
Exigimos:
Restituir la preclasificación de proyectos con criterios transparentes y comités conforme al artículo 5 de la Ley 17.741.
Reactivar anticipos de subsidios con controles contables, no eliminarlos por completo.
Revisar los microcréditos para ajustarlos a la realidad de productores sin historial crediticio y con tasas de interés más bajas.
Restituir la vía digital en todas sus modalidades conforme a la Resolución 1477/17
Que el Cine Gaumont sea exclusivo para la exhibición de películas nacionales.
No atar los subsidios únicamente a la cantidad de espectadores.
Acompañar la iniciativa de la Nueva Ley Audiovisual en el Congreso.