El Instituto de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) difundió el sábado 1 de agosto su segundo informe de gestión del año. Entre otros temas, se hace referencia al allanamiento ocurrido en los últimos días, a los pagos adeudados a los que debió hacer frente y al “imperativo” marco legal que debería tener la industria audiovisual.
Acerca del allanamiento dispuesto por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 7, el informe especifica que “la mayor parte de los expedientes incautados no corresponden a subsidios otorgados en 2020 sino a deudas de 2019 saldadas este año”.
El informe hace hincapié en la importancia de una reforma de la Ley de Cine para incluir el impuesto a las plataformas: “Es evidente que el ordenamiento y unificación de los proyectos y leyes vigentes referidas a la producción, distribución y exhibición de las industrias audiovisuales en el territorio nacional, es imperativo”, se señala, en sintonía con lo que el presidente del INCAA, Luis Puenzo, había expresado a GPS audiovisual.
Por otro lado, el texto indica que al 30 de junio “la mitad de ese tiempo con el personal del Instituto trabajando a distancia y los ingresos reducidos por el cierre de las salas, hemos pagado en conceptos de fomento $ 667.926.089”.
Las conclusiones del Informe de Gestión consignan lo siguiente: “Los fondos que el Instituto dispone a medida que ingresan, salvo los destinados al mantenimiento de la propia estructura, son íntegramente destinados a pagar deudas atrasadas y al fomento de proyectos en pre o post producción, con lo que ayudamos a fortalecer las cadenas de pago que se entrecruzan en nuestra actividad. Hemos separado de la tramitación normal los expedientes considerados dudosos”.
El informe completo se encuentra en este enlace.